“Caiga quien caiga y pese a quien le pese”, esta es la advertencia que hizo la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un día antes de presentar la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso para suspenderlo o destituirlo del cargo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
En un pronunciamiento por redes sociales, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, aseguró que se hallaron “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno, organización presuntamente liderada por el presidente de la República, [Pedro] Castillo Terrones”.
Este martes último ha sido un día tenso para el mandatario y su familia. No solo su suerte está en manos del Congreso por sus vínculos con los casos Puente Tarata III y la compra del Biodiesel de Petroperú. ¿De qué estamos hablando? de una presunta organización criminal que entrego obras a cambio de dinero. También se allanó las propiedades de “Los Niños” de Acción Popular y la detención de otros 6 personajes cercanos al entorno de Pedro Castillo.
Al respecto, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, advirtió que “ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal que aprovechándose de todo el poder que les da el estar en el gobierno, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones”.
La denuncia constitucional es un mecanismo para poner en aprietos al mandatario. Sin embargo, existen otras modalidades: La vacancia es una de ellas, aunque ya se impulsó en dos oportunidades y no ha prosperado, aun así, para el abogado constitucionalista, Edward Dyer, la vacancia es el único mecanismo constitucional válido.
En cambio, si se busca procesar a Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, todavía se tiene que esperar a que culmine su mandato, porque recordemos que según el artículo 117 de la constitución política, solo se le puede procesar al presidente en funciones por traición a la patria, impedir elecciones, impedir el funcionamiento de los organismos electorales o disolver el Congreso.
“Para mí no hay ningún lugar a dudas esta acusación no debe prosperar si uno respeta la constitución”, dijo para Nativa el abogado constitucionalista, Edward Dyer.
Sin embargo, todavía queda sin resolverse el destino del presidente por obstaculizar una orden judicial. Así que, según el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, la fiscal de la nación puede iniciar un proceso contra el jefe de estado por la vez que se impidió la captura de su cuñada-hija, Yenifer Paredes; y por la pérdida de imágenes de las cámaras de seguridad de las instalaciones de Palacio de Gobierno.
“La subcomisión de acusaciones constitucionales tiene 10 días para ver el tema, saca un dictamen, si el dictamen es desfavorable para el presidente Castillo, esto se manda por dos días a la comisión permanente y la comisión permanente en tres o cuatro días programa una votación del pleno del congreso para que el presidente Castillo se queda o se va”, señaló para Nativa el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña.
Sin embargo, todavía queda el artículo 117 que no deja prosperar las vías alteras al de la vacancia, como una denuncia constitucional. Pero esta última medida ya ha sido presentada por la fiscal de la nación y debe seguir su curso en el Congreso.
Lo que sí quedaría claro es que el peso de la denuncia constitucional marca un antes y un después en la decisión de las bancadas en el Congreso, pues la pelota está en la cancha del Legislativo y otra vez tienen en sus manos el destino del profesor que se volvió presidente, que apenas lleva un poco más de un año en Palacio de Gobierno, pero que convive con la crisis desde que nació.