La justicia peruana ya tiene un nuevo aliado.
La empresa Aenza, antes llamada Graña y Montero, firmó este 15 de septiembre un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría y pone en aprietos a sus exdirectivos involucrados en actos de corrupción.
Así, la compañía Aenza colaborará con la justicia y entregará pruebas o información de mayor relevancia sobre el caso Lava Jato.
Esta empresa ya ha reconocido que Graña y Montero, junto a sus dos subsidiarias GyM y CONCAR, ha cometido delitos de corrupción en 16 proyectos ejecutados en nuestro país, como el Gasoducto Sur Peruano, la carretera IISRA Norte, la carretera IIRSA Sur tramos 2 y 3, la Vía Expresa Sur de Lima y la línea 1 del Metro de Lima.
Esta confesión se da dos años después de que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmara ante el equipo especial Lava Jato que Graña fue su socio clave en el pago de coimas para ganar las licitaciones de obras públicas.
Esta es la segunda vez que una empresa se somete a la colaboración eficaz. La exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero, recordó que la primera en someterse fue Odebrecht.
“Antes la legislación de la colaboración eficaz estaba diseñada exclusivamente para las personas naturales, pero evidentemente la delincuencia avanza y nos damos cuenta cómo las empresas jurídicas son utilizadas para cometer estos graves delitos”, enfatizó.
Aenza (ex Graña y Montero) deberá pagarle al Estado peruano un total de 480 millones de soles como reparación civil, por el perjuicio que causó esta empresa en esas 16 obras.
Estos 480 millones de soles no tienen nada que ver con los 60 millones de soles de reparación que pagarán los señores Graña Miró Quesada y Graña Acuña, quienes también han firmado acuerdos de colaboración eficaz.
Para la exprocuradora anticorrupción, Katherine Ampuero “los directivos se acogen después”, cuando están “ya acorralados por los medios de prueba que salen en su contra y que determinan su participación delictiva”.
Aenza deberá cumplir la colaboración eficaz, de no hacerlo se rompen las relaciones con el sistema de justicia. En esta negociación con Aenza hubo más condiciones que no se tuvo con Odebrecht, e incluso, la empresa brasileña podría dejar la colaboración eficaz si así lo desea, de ser así no habrá garantía que vele por los intereses del Estado.
“Pongamos que con el tiempo decide [Aenza] ya no declarar, el año que viene [puede decir] ya yo me cansé, encima ya no trabajo en Perú, trabajo en otros países, no tengo necesidad de declarar, incumplo. O incluso, puede suceder también de que la empresa entre en liquidación y desaparezca. [De suceder ese escenario] ahí lamentablemente hay cosas que ya no se van a poder revertir”, señaló Ampuero.
Además, lamento que en su momento, la Procuraduría no haya obligado a Odebrecht a desistirse de cualquier demanda contra el Estado peruano. En cambio, aclaró que Aenza no puede iniciar ningún proceso penal o judicial, en instancias nacionales o internacionales.
“Eso permitió luego que Odebrecht nos demandara ante el CIADE una enorme indemnización por el tema Gasoducto”, agregó.
La colaboración eficaz es el camino a la salvación de Aenza, e incluso, se podría extinguir su pena, pero todo dependerá de la calidad de información que le brinde a la Fiscalía. Sin embargo, para los que todavía no se acogieron a la colaboración eficaz les espera un camino oscuro y hasta una pena de entre 15 a 30 años de prisión. Ellos pueden cambiar su propio destino.