sábado, diciembre 10, 2022

Congreso no obedece orden del Poder Judicial e invoca a votación elección de Defensor del Pueblo.

El pleno del Congreso no aprobó la designación de los tres postulantes finalistas que se disputaban la titularidad de la Defensoría del Pueblo. Al respecto, la finalista Beatriz Ramírez pidió que no se sometiera a votación su candidatura porque el Congreso estaba infringiendo la medida cautelar que le impuso el Poder Judicial. Sin embargo, el Congreso siguió su curso.

Pese a que el pasado 8 de agosto, el Poder Judicial le impuso al Congreso una medida cautelar para que paralice todo el proceso de elección del próximo Defensor del Pueblo, a los legisladores poco o nada les importó esta orden y siguieron con su propósito: elegir al nuevo Defensor del Pueblo que reemplazará a Eliana Revollar Añaños, quien asume desde hace seis meses el cargo interino como defensora del pueblo luego que Walter Gutiérrez renunciara a ese puesto en abril pasado.

Este jueves sometieron a votación la candidatura de la primera tanda conformada por Carlos Castro Barriga propuesto por Acción Popular; Jorge Luis Rioja, propuesto por Perú Democrático, y Beatriz Ramírez, propuesta por Cambio Democrático.

Ninguno de los tres logró superar los 87 votos.

El aspirante a Defensor del Pueblo con más puntaje, Carlos Castro, logró apenas 30 de 87 votos.
El segundo aspirante a Defensor del Pueblo con más puntaje obtuvo 39 de 87 votos.
La tercera aspirante a Defensora del Pueblo con más puntaje obtuvo apenas 5 de 87 votos.

De ellos tres, la candidata Beatriz Ramírez dio un paso al costado, mediante una carta, horas antes de iniciarse la votación y deslegitimó todo el proceso.

Ella estuvo en desacuerdo con la decisión del Congreso de infringir la medida cautelar que le impuso el Poder Judicial para que no elija al nuevo Defensor del Pueblo. Aun así, el pleno siguió su curso y sometió a votación su candidatura.

 “Cuando yo acepté ser parte de este procedimiento no existía un mandato judicial con lo cual estaba todo bien, pero lamentablemente esto se ha puesto a debate, en mi caso yo considero que las resoluciones judiciales deben cumplirse”, señaló para Nativa la abogada constitucionalista.

Durante la sesión del pleno, la congresista Rosangella Barbarán de Fuerza Popular indicó que recibió una carta “que es bastante ambigua en el texto” y que ya se ha aclarado en el debate que la elección del nuevo Defensor del Pueblo “es una acción legítima del Congreso de la República”.

Al respecto, Beatriz Ramírez aclaró que “la carta no es ambigua, la carta es bastante clara. La candidata Beatriz Ramírez ha declinado, porque considera que este proceso tiene un conjunto de vicios, así de simple”.

Ramírez esperaba que el Congreso respete la orden judicial, y recordó que ninguna autoridad, incluyendo un congresista, por más que le guste o no, no puede intervenir en procedimientos judiciales que estén en trámite.

Pero, como era de esperarse, en el proceso de elección Beatriz Ramírez no superó los 87 votos, la mayoría se abstuvo a su votación.

Durante en pleno, varios legisladores exigían que se paralice la elección del nuevo Defensor del Pueblo hasta que se resuelva la demanda competencial en el Poder Judicial, pero la mayoría se negó a esto.

Desde días atrás se especula que existe un acuerdo entre algunas bancadas, en especial de la derecha con más representación en el Congreso, para imponer un defensor de su afinidad: él es el abogado Víctor García Toma, quien no figuraba entre los finalistas.

García Toma es el recomendado de la bancada opositora, Renovación Popular, y es parte de la segunda terna de candidatos. La que saco menor puntaje. Así que al no quedar seleccionados ninguno de los tres de la primera terna, la comisión especial encargada de este proceso deberá volver a presentar sus nuevas propuestas y deberá hacerlo en un plazo de 10 días.

Al mismo estilo de la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, la historia volverá a repetirse, las bancadas de oposición están buscando a sus mejores aliados para lograr el poder en otras instituciones del estado usando como excusa que lo ley lo ampara, pero esa misma ley les puede cobrar por cada infracción que cometieron.

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