La comisión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos – OEA se encuentra en nuestro país hace unos días y ya se ha reunido con diversos representantes políticos iniciando con el presidente Pedro Castillo hasta parlamentarios de oposición y miembros del Tribunal Constitucional.
El fin de la visita es conocer la situación del Perú luego de que nuestro mandatario Pedro Castillo realizara la solicitud para evitar, en sus palabras, “una nueva modalidad de golpe de Estado” en el país.
La gira de la misión de la OEA incluyó la reunión con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Hay que recordar que Benavides presentó una denuncia constitucional en contra de Castillo Terrones ante el Congreso por el presunto delito de organización criminal, trafico de influencias agravado y colusión.
La fiscal negó como falsa la versión del mandatario que estas acusaciones tengan una motivación política y que sea parte de una estrategia de ruptura del orden democrático en el Perú, señalando que Castillo tiene 51 carpetas fiscales. Sin embargo, se ha dado a conocer un pasaje poco conocido de la fiscal Benavides, un detalle que está pasando desapercibido.
En el año 2020 la Corte IDH declaró internacionalmente responsable al Estado Peruano por la violación del derecho a la estabilidad laboral al señor Julio Casa Nina, esto debido a la decisión de separarlo del cargo del Fiscal Adjunto provisional.
La resolución de la Corte IDH marca un precedente ya que garantiza la inamovilidad en el cargo no solo a jueces y fiscales titulares, sino también a quienes ejercen la labor judicial o fiscal en condición de provisionalidad.
La actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides estaría pasando por alto esta prerrogativa.
“Las sentencias de la Corte no están para ser interpretadas a gusto del cliente, las sentencias de la Corte son decisiones jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento”
El abogado del Instituto de Derecho Legal, Carlos Rivera, señala que es imposible que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides desconozca esta resolución de la Corte IDH.
“Para eso están sus asesores, para eso están la junta de fiscales, para tener un sentido de orientación sobre lo que dispone un tribunal internacional. Estamos sometidos al sistema interamericano y que las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, yo descartaría absolutamente la posibilidad de un desconocimiento. Radicaría mi análisis en decir, hubo una decisión tomada en la cabeza del Ministerio Público”.
Sin duda, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene muchas explicaciones que dar. Como dice el conocido refrán, hay que arreglar primero tu casa para poder arreglar otra. Diego Ocmin, Nativa nos conecta.