La fiscal de la nación, Patricia Benavides, protagonizó la atención mediática nacional e internacional al acusar al presidente Castillo. La denuncia de Benavides se resume en señalar que desde llegó al poder, Castillo diseñó una arquitectura de entrega de obras y puestos de trabajo a cambio de prebendas y que en dicha organización que él presuntamente dirige se encuentran los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado; sus sobrinos; su esposa, Lilia Paredes; su cuñada y el ex secretario de Palacio de gobierno, Bruno Pacheco.
Ha sido una semana de cal y arena para la fiscal Benavides porque junto a la atención mediática se recordó la investigación en la Junta Nacional de Justicia de despedir a la fiscal Bethsabe Revilla que investigaba a su hermana jueza, Emma Benavides, por liberar a varios acusados de narcotráfico a cambio de supuestamente recibir prebendas.
Además, los allegados al presidente Castillo como el abogado Raúl Noblecilla y su colega Ronald Atencio, han presentado tres denuncias contra la fiscal de la nación.
La primera fue una denuncia penal ante la Fiscalía Suprema de la Nación y la segunda la interpuso ante la Junta Nacional de Justicia por organización criminal, obstrucción y encubrimiento personal.
Benavides es acusada de haber aprovechado su cargo para remover a la fiscal suprema, Bersabeth Revilla, pues Revilla estuvo investigando a la hermana de la fiscal de la Nación, la exjueza Emma Benavides, acusada de recibir sobornos a cambio de liberar a reos imputados por narcotráfico y extorsión. Según la fiscalía, la hermana de Patricia Benavides benefició a uno de los cabecillas del tráfico de drogas internacional, Roberto Gómez, alias “Huevo” y a José López Quispe, uno de los principales acopiadores de cocaína en el Vraem. Según la fiscalía, ambos salieron en libertad pagándole a Emma Benavides 200 mil y 70 mil dólares, respectivamente.
Para el abogado demandante, Raúl Noblecilla, la Junta Nacional de Justicia debería destituirla [a Patricia Benavides] para cuidar el proceso y tener certeza de una buena y profunda investigación, le solicitamos también a la Junta Nacional de Justicia su suspensión [de Patricia Benavides] en el cargo”.
Ha llamado la atención que también la fiscal de la Nación haya desmantelado el equipo especial que investiga Los Cuellos Blancos del Puerto, una red que involucra a jueces y fiscales y que está vinculada al crimen organizado, narcotráfico y sicariato.
La tercera denuncia interpuesta esta semana por Raúl Noblecilla fue a raíz de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Acusa a Patricia Benavides de prevaricato por no respetar el lineamiento del artículo 117 de la Constitución política.
“El prevaricato es cuando un juez o una fiscal contraviene una disposición o una ley, la fiscal no hace caso a la constitución política del estado. Que se investigue al presidente, que se investigue a su entorno, pero que se investigue bajo las reglas de la democracia”, expresó a Nativa Raúl Noblecilla.
La ministra de cultura, Betssy Chávez, tampoco se quedó de brazos cruzados y ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por abuso de autoridad y prevaricato. Betssy Chávez recordó que la fiscal no puede aumentar las 4 causales que faculta el artículo 117 de la constitución para investigar a un presidente en ejercicio de sus funciones.
Perú vive un choque de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicatura. Lo que es cierto es que al final del choque la fiscal Patricia Benavides debe rendir cuentas no solo ante la Junta Nacional de Justicia, sino a todos los peruanos.