¿Sabía usted que dentro de la Amazonía peruana existen los Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial o PIACI? Un proyecto de ley presentado desde la bancada fujimorista pone en peligro las reservas indígenas para los pueblos en aislamiento.
El nuevo proyecto de ley, impulsado por el congresista de Fuerza Popular Jorge Morante Figari, que busca poner en manos de los gobiernos regionales la evaluación de las solicitudes de reservas indígenas para pueblos en aislamiento.
Si bien estos pueblos necesitan que su territorio sea declarado como reserva indígena porque con ello se protege la integridad de sus habitantes, dándoles protección física y legal ante las invasiones que podrían sufrir y afectar sus modos de vida, resulta preocupante que el reconocimiento de las reservas sea aprobado por la Ordenanza Regional de los Gobiernos Regionales y no por Decreto Supremo del Gobierno Nacional.
«Todos sabemos que los Gobiernos Regionales son débiles, tienen serios problemas de corrupción y ven en las reservas un obstáculo», asegura Juan Carlos Ruiz, Coordinador del área de litigio constitucional de IDL.
El mencionado proyecto desmerece que, hasta la fecha, el Estado peruano ha reconocido a 20 PIACIs, que viven en siete Reservas Indígenas y Territoriales establecidas para su plena protección, señalando que estas fueron creadas sin ningún criterio científico y con total desconocimiento de la realidad obviando a las autoridades locales y regionales en la toma de decisiones que tienen que ver con su territorio.
Otro aspecto importante que señala el proyecto de Ley es que los Gobiernos Regionales podrán crear una comisión revisora de pueblos en aislamiento y reservas ya creadas, para determinar su continuidad, revocatoria o extensión.
Para el abogado Juan Carlos Ruiz, lo ideal sería que el proyecto se archive, pero de ser aprobada en las comisiones de Descentralización y Cultura, la Defensoría del Pueblo tendrá que imponer una demanda de inconstitucionalidad, pues no se puede modificar leyes orgánicas a través de leyes ordinarias, y además los gobiernos regionales carecen de la independencia y objetividad para pronunciarse sobre estos temas.